Bernardo Elenes Habas
Claudia Pavlovich sabía, de antemano, el terreno minado que le provocaba a su administración y a su carrera política, la iniciativa de reformas que desembocaron en la ahora llamada “LeyVeto”.
No obstante, se jugó el reto, a pesar de las inminentes consecuencias, que, indudablemente, su equipo de colaboradores y diputados afines, habían examinado quirúrgicamente.
Cuando la gobernadora de Sonora solicitó al Congreso Local, el pasado 18 de julio, que la discusión de la iniciativa de reformas a la Ley del Transporte, se sometiera a un proceso de mayor análisis, a sabiendas de que el meollo de ese sumario de cambios legales llevaba envuelto, también, un fuerte núcleo de reformas a la Constitución del Estado al que la estructura de Morena denominó “albazo legislativo”, la decisión ya había sido tomada por ella, y solamente la aplazaba un poco para reconsiderar estrategias de seguridad y vigilancia en la sede del parlamento, ante eventuales protestas.
La determinación de que se avanzaría ante cualquier circunstancia, para realizar cambios legislativos en los comportamientos de pesos y contrapesos de los poderes del Estado, era una medida que no tenía reversa; preparando, así, el camino de los próximos tres años, no solamente para mantener la fortaleza de mando en la estructura del Gobierno del Estado, sino para sopesar reacciones de las contrapartes y avizorar el futuro del PRI en la Entidad.
De entrada, quienes prepararon el escenario actual y a priori, tomaron en cuenta las reacciones de la ciudadanía libre, es decir, la que no tiene partido; asimismo de aquellos que son parte de siglas y colores. Se allegaron aliados, como es el caso del PAN, sus legisladores y dirigencia estatal, incluyendo a un diezmado PRD, que optó por no presentarse a la sesión definitiva. No logrando ese control con Movimiento Ciudadano.
Y el día de las definiciones, cuando se votó el manojo de reformas, tuvieron el PRI, PAN y Gobierno del Estado, la primera señal que habían previsto: No se desbordaría el pueblo de Sonora, el mismo que entregó el poder a Morena durante las elecciones del 1 de julio, para obligar a diferir acciones, a cambiar escenarios. Sencillamente porque los tsunamis no se repiten en tan corto tiempo, tiene que madurarlos la Naturaleza.
Por supuesto que esa acción, matizada con simulaciones y a espaldas de la ciudadanía que aún cree, con civilidad y respeto, en el poder del imperio de la ley, desmerece la actuación de un gobierno legítimamente instituido y de su mayoría en el Congreso.
Su proceder ventajoso, preparando el camino para los próximos tres años finales de la administración priísta en Sonora, configuraron la radiografía estricta, legal y moral, de una institución gobernada por una mujer que juró cumplir y hacer cumplir las leyes sin distingo hace tres años y que hoy, desafortunadamente, está dinamitando sus puentes, lo que le impediría llegar de frente, con la luz del día, al encuentro de su historia personal, de su Entidad y de su País. Y eso, por supuesto, es sumamente grave.
¿Qué va a pasar con la llamada LeyVeto, la que dicen que no se votó, pero sí se configuraron las circunstancias para triangular acciones ante los Poderes del Estado y accionar a través de acueductos por donde pasen las aguas de las leyes que propicien el control que les urge? No lo sé.
Pero es evidente que existe una reacción de dirigentes de Morena, representantes populares electos en todos los niveles, virtuales integrantes del gabinete de Andrés Manuel López Obrador como Olga Sánchez Cordero, quien despachará en Gobernación, y los inminentes legisladores Alfonso Durazo, Lilly Téllez y Javier Lamarque, quienes están conformando la barricada legal que buscará, quizás, una controversia constitucional para echar abajo un edificio sin cimientos firmes, recién construido, llamado genéricamente LeyVeto.
Y ante tales circunstancias, se saca también por conclusión, que les urge a los integrantes del que será nuevo Gobierno en el país, apoyarse en un partido fuerte, congruente, civilizado.
Esa nueva fuerza política y social, está obligada a darle verdadera categoría de partido a Morena, porque las evidencias indican que actualmente sigue siendo un conglomerado que se sustenta en el odio y el hartazgo. Sin rumbo ideológico. Sin definición científica de izquierda. Sin formación de cuadros capaces de dialogar, confrontar, debatir defendiendo posición e ideas con altura, sin la desesperación y los extremos de la violencia.
Algo más:
Andrés Manuel López Obrador casi le envío una premisa reveladora a Claudia Pavlovich, al recibir del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la constancia de mayoría que lo acredita como presidente electo de México.
Porque, mientras él se hacía merecedor de tan importante documento, en Sonora, se marcaba la ruta aún no clara, aún turbia, de serias reformas constitucionales: “En mi carácter de titular del Ejecutivo Federal actuaré con rectitud y con respeto a las potestades y la soberanía de los otros poderes legalmente constituidos…, ofrezco al Poder Judicial, a los legisladores y a todos los integrantes de entidades autónomas del Estado, que no habré de entrometerme de manera alguna en las resoluciones que únicamente a ustedes competen”.
Conceptos que deben analizar y reflexionar las autoridades de Sonora, sin duda.
Le saludo, lector.