Bernardo Elenes Habas

Uno, se topa con fuertes contradicciones.

Estas demuestran la ausencia de sensibilidad social y política por parte del gobierno federal, en tiempos de emergencia por la pandemia del coronavirus.

Marcan etapas difíciles que complican la vida del país, cuando debiera ser premisa urgente adecuar programas a favor de la gente, sobre todo la más vulnerable.

Tan lamentable paradoja oficial, se demuestra con la tronante negativa a La solicitud formulada por diferentes sectores de la sociedad civil y de organismos políticos, ante el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, y el director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz.

Les pedían que la CFE aplace el cobro de su servicio, por lo menos durante el tiempo que sacuda el Covid-19 las actividades normales de las familias.

Bartlett Díaz fue cuestionado por los reporteros respecto a esa inquietud pública, el pasado viernes 10, al concluir la ceremonia luctuosa en memoria de Emiliano Zapata, celebrada en Palacio Nacional. Ahí expresó:

“La CFE no puede condonar la electricidad, hay quienes piensan que la CFE puede dejar de cobrar pero no se dan cuenta que es una empresa como cualquier otra que tiene 90 mil trabajadores, que tiene que pagar los salarios a todos”.

“No se dan cuenta que es una empresa como cualquier otra”. Con esa frase, justificó el director la negativa a la citada demanda popular, encaminada a apoyar a quienes se sienten agobiados por la carencia de recursos económicos al no ser parte de empresas donde gozarían de salarios durante la cuarentena, y que están obligados a buscar día a día el sostenimiento de sus familias, junto con los pagos de servicios.

Y, ciertamente. Entre los más fuertes desembolsos para una familia, después de los alimentos, se encuentran el cubrir los recibos por suministro de energía eléctrica y agua, de ahí la preocupación de sectores vulnerables.

Sin embargo, el gobierno de la Cuarta Transformación no acepta el aplazamiento de pagos por el fluido eléctrico a usuarios que se verán desprotegidos económicamente, permitiendo el funcionamiento normal de la empresa eléctrica.

Siendo, pues, la CFE “una empresa como cualquiera”, le permite ejercer sus reglas en forma habitual pese a la problemática en ciernes, y no así a las micro, pequeñas y medianas no esenciales, a cuyos propietarios obligó a cerrar puertas, pagar nóminas de empleados, impuestos y servicios como si se vivieran tiempos normales (incluso, negocios esenciales que permanecen activos están ya en quiebra por falta de consumidores).

¿Cuál es la diferencia?

Que la CFE tiene usuarios cautivos a quienes obliga a pagar recibos so pena de cortarles el servicio. Y, lo grave y contradictorio, es que esa empresa productiva del estado es la regla de excepción para no ser considerada parte de la emergencia evidente, y que sí se aplica sin miramientos contra negocios de emprendedores a quienes sin tener ganancias por estar inactivos, se les presiona a través de la ley para que no despidan empleados, cumplan con el pago de nóminas, cubran impuestos y servicios, lo que significa la muerte de esos giros.

En cambio, la CFE se niega a aplazar pagos de sus usuarios mientras se cruza la turbulencia del coronavirus, sin considerar su director Bartlett Díaz y el mismo presidente López Obrador, que habrá familias que carezcan de recursos hasta para llevar alimentos a sus mesas, y que por ende, no podrán cumplir como lo hacen normalmente con liquidar sus recibos de energía eléctrica, agua, suministro de gas, que son los esenciales, no para mantener un nivel de vida aceptable y digno, sino para sobrevivir…

Es, frente ese tipo de actitudes, cuando surge el desencanto ante un gobierno de promesas singulares que permitieron a los ciudadanos comunes y corrientes, a quienes no poseen más heredad que su capacidad y fuerza de trabajo, forjar sueños de verdadera justicia social cuando acudieron el 1 de julio de 2018 a avalar con una boleta electoral, su esperanza por un México justo… Le saludo, lector.